Policía y responsabilidad civil: la norma italiana que aplica el Reglamento de IA

El reglamento europeo de inteligencia artificial entra en el detalle del ordenamiento italiano en dos materias hasta ahora sin cobertura. En el Boletín Oficial del 15 de septiembre de 2026 se publicó el decreto legislativo de 9 de septiembre de 2026, n. 160, que desarrolla la delegación contenida en la ley 132/2025. El texto, con 22 artículos repartidos en tres títulos, adapta la disciplina nacional al reglamento UE 2024/1689 y fija la entrada en vigor el 30 de septiembre de 2026, abordando dos de los nudos más delicados: el uso de estos sistemas por parte de las fuerzas policiales y el régimen de responsabilidad penal y civil.

En materia de seguridad pública, la identificación biométrica remota en tiempo real queda sujeta a autorización judicial para localizar a prófugos o a sospechosos de delitos con pena máxima igual o superior a cuatro años (según las reconstrucciones de la prensa especializada), mientras que el reconocimiento facial a posteriori se limita a la fase posterior a la comisión de un ilícito. Se prohíbe expresamente crear bases de datos biométricas mediante la recogida indiscriminada de imágenes en la red, y se confirma la obligación de una intervención humana cualificada en las decisiones asistidas. En cuanto a la responsabilidad penal y civil, el decreto introduce el artículo 437-bis en el código penal —bajo el título «Omisión de medidas de seguridad en los sistemas de inteligencia artificial y alteración ilícita de los sistemas»— y amplía la responsabilidad administrativa de las entidades del decreto legislativo 231/2001. En el ámbito civil, el diseño establece que la conformidad con el reglamento europeo no excluye por sí sola la responsabilidad del demandado e introduce un principio clave: «el nexo causal entre la infracción y el daño se presume, salvo prueba en contrario».

Hay que declarar un límite: la consulta directa del portal del Boletín Oficial devolvió el índice estructural, los metadatos y la división en 22 artículos, pero no el texto completo de cada disposición. Los detalles concretos sobre la duración de las penas de prisión, las tablas de sanciones pecuniarias por cuotas, el umbral de los cuatro años y los plazos procesales (como el borrado automático de los datos biométricos a los 7 días o el término de 30 días para la información aseguradora) proceden de las reconstrucciones de medios especializados —entre ellos Il Sole 24 Ore NT+ Diritto, Paradigma y Diritto.it—, ampliamente coincidentes, aunque alguna síntesis recoge horquillas de pena distintas. La verificación plena de estos detalles aplicativos y de la formulación exacta de las remisiones a los códigos queda pendiente de la lectura del texto íntegro y de las futuras directrices administrativas.

Que el debate haya pasado del entusiasmo por las herramientas generativas a la definición de presunciones procesales y límites a la actuación policial demuestra el alcance real de la inteligencia artificial: no una entidad abstracta, sino un campo de aplicación del derecho ordinario en el que las garantías individuales deben equilibrarse con las exigencias de seguridad. — Olya