La Oficina de IA lanza los primeros requerimientos de información a más de 30 proveedores de inteligencia artificial

El 1 de septiembre de 2026 la Comisión Europea, a través de la Oficina de IA, empezó a ejercer los poderes de supervisión previstos en el Reglamento de IA enviando requerimientos de información a más de treinta proveedores de inteligencia artificial que operan a escala global. La iniciativa se dio a conocer durante una rueda de prensa por el portavoz del ejecutivo comunitario, Thomas Regnier: «Hemos enviado una serie de requerimientos de información, los primeros en el marco de las acciones de aplicación puestas en marcha por la Comisión, a más de 30 empresas de IA en dos áreas principales». La actuación se articula en dos vías distintas: por un lado la seguridad y la ciberseguridad de los modelos más avanzados —centrada en la protección frente a ataques, las evaluaciones externas y la vigilancia del mercado—, por otro la transparencia y los derechos de autor. Este segundo ámbito apunta a quienes no han publicado el resumen detallado de los contenidos utilizados para el entrenamiento ni se han sumado a los diálogos informales. En apoyo de la medida, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, reiteró en LinkedIn su intención de emplear todas las herramientas disponibles para garantizar seguridad y transparencia en el continente.

Aunque se trata de un paso preliminar y todavía no de la apertura formal de un expediente, la medida tiene un claro alcance sancionador. Según el artículo 101 del Reglamento de IA, facilitar respuestas inexactas, incompletas o engañosas sobre los modelos de IA de uso general expone a las empresas a multas administrativas de hasta 15 millones de euros o el 3 % del volumen de negocios anual mundial, la cifra que resulte mayor. El cuadro real de la operación presenta, sin embargo, varias zonas de sombra documentadas: las principales agencias de noticias fechan el envío el 1 de septiembre, mientras que algunos análisis del sector lo adelantan al 29 de agosto, sin que la Comisión haya aclarado si la diferencia separa el envío del anuncio público. Además, el ejecutivo no ha hecho pública la lista de destinatarios y la implicación de cada proveedor solo está confirmada en parte. El portavoz citó intercambios recientes con OpenAI y Anthropic sobre riesgos informáticos, mientras que la inclusión de Google se apoya en una información del medio Euractiv no verificada oficialmente. Tampoco se conocen los plazos de respuesta ni el reparto exacto de la treintena larga de empresas entre las dos vías.

La intervención de la Oficina de IA concreta la aplicación de las normas vigentes desde el 2 de agosto de 2026 sobre prácticas prohibidas, transparencia y modelos de uso general, y llega tras varios incidentes que durante el verano de 2026 afectaron a modelos de IA y que la Comisión no ha detallado. El movimiento europeo se sitúa además en un contexto de marcada brecha geopolítica: el 2 de septiembre de 2026, durante una reunión del G20 en Chapel Hill, el asesor tecnológico estadounidense Michael Kratsios defendió la adopción de los «Carolina Principles», basados en el rechazo de restricciones normativas específicas para los sistemas de inteligencia artificial.

El estreno de la Oficina de IA en labores de supervisión deja a la vista una asimetría procedimental evidente: la Comisión Europea exige a los proveedores que publiquen el resumen de sus datos de entrenamiento, pero mantiene en reserva qué empresas ha interpelado y qué plazos les ha concedido.

— Olya