La factura sanitaria de la IA: las centrales que abastecen a los centros de datos plantean dudas sobre el coste público

Cuando se mide la carrera por la inteligencia artificial, la contabilidad dominante suele detenerse en los gigavatios requeridos, las inversiones multimillonarias y la capacidad de cálculo. Un informe publicado el 10 de septiembre de 2026 por el Environmental Protection Network (EPN) desplaza la mirada hacia las consecuencias sanitarias indirectas. EPN es una red sin ánimo de lucro de incidencia que reúne a más de 800 exfuncionarios de carrera y excargos políticos de la agencia ambiental estadounidense (EPA), procedentes de administraciones republicanas y demócratas; el informe forma parte de la campaña «Safer, Not Sicker» y se cierra pidiendo la adhesión a un «Data Center Health Protection Pledge». No es, por tanto, un documento de tercera parte, lo que no resta nada a la trazabilidad de los datos que cita. Integrando las estimaciones de un estudio académico de investigadores de UC Riverside, Caltech y el Rochester Institute of Technology, el informe documenta que más del 90 % del impacto sobre la salud pública no lo generan las naves de servidores en sí, sino la quema de carbón y gas en las centrales que les suministran electricidad. El estudio estima para 2028 entre 11.700 y 20.900 millones de dólares anuales en costes sanitarios en Estados Unidos según el escenario; en el de alto crecimiento, el extremo superior del intervalo, la contaminación contribuiría a unos 600.000 casos de síntomas de asma y alrededor de 1.300 muertes prematuras al año.

El análisis del EPN precisa con rigor la naturaleza y los límites de las estimaciones disponibles. Los datos del estudio académico se basan en modelizaciones de impacto de la combustión estacionaria y no incorporan el efecto de 30 actuaciones federales adoptadas desde enero de 2025, que el informe identifica como un debilitamiento de las protecciones ambientales. El EPN aclara que ningún modelo ha cuantificado hasta ahora el impacto sanitario combinado de esas medidas normativas y que las dos cifras no pueden sumarse. El documento señala además que la compra empresarial de energía limpia en cómputo anual no garantiza la descarbonización local: la exposición a la contaminación depende de cuándo y dónde está realmente funcionando la generación fósil, y una empresa puede cumplir sus objetivos anuales de energía limpia mientras la red que abastece a sus centros de datos sigue dependiendo del carbón y del gas.

El cuadro trazado plantea preguntas sobre la gestión de las infraestructuras colaterales. El informe señala al menos 74 nuevas centrales de gas propuestas específicamente para alimentar centros de datos y al menos 188 escuelas situadas a menos de tres millas, unos 4,8 kilómetros, de esas centrales. La sola proximidad geográfica no prueba una exposición directa, pero obliga a un seguimiento detallado emplazamiento por emplazamiento. En cuanto a las objeciones del EPN y a la petición de un protocolo de protección sanitaria, en las fuentes consultadas no consta respuesta pública de la EPA, del Departamento de Justicia ni de las empresas del sector.

Trasladar los costes operativos de la innovación a la factura sanitaria de las comunidades locales no es una estrategia industrial, sino un aplazamiento contable. Si la eficiencia de los modelos no incluye en su cálculo la externalidad de las centrales que los sostienen, la convergencia entre transición tecnológica y protección pública sigue siendo una pura declaración de intenciones. — Olya