El decreto italiano de IA, en el Boletín Oficial y en vigor desde el 23 de octubre: autoridades, sanciones y sandbox para empresas

El decreto legislativo n.º 179, de 7 de octubre de 2026, se ha publicado en la Gazzetta Ufficiale, el boletín oficial italiano (Serie General n.º 234), y entrará en vigor el 23 de octubre de 2026. Según su título oficial, el texto adapta la normativa nacional al Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act, y precisa los poderes de las autoridades nacionales y el uso de la IA en la formación.

El detalle de las medidas y la numeración de los artículos que siguen proceden de los análisis de Ingenio y Lavorosì; en la Gazzetta, por ahora, solo puede consultarse la portada del decreto.

AgID queda designada como autoridad notificante nacional: se encarga de designar, supervisar y, en su caso, suspender o revocar a los organismos de evaluación de la conformidad (arts. 4 y 13). La ACN, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, asume el papel de autoridad de vigilancia del mercado y punto de contacto único con las instituciones de la UE; en las pruebas en condiciones reales puede realizar inspecciones incluso sin previo aviso (art. 15, apartado 2, según Ingenio). Banca d'Italia, CONSOB e IVASS supervisan los sistemas de alto riesgo en sus respectivos sectores, mientras que el Garante de privacidad conserva las competencias que le atribuye el AI Act.

Las sanciones son duras: hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial anual por las prácticas prohibidas en el art. 5 del AI Act; hasta 15 millones o el 3 % por otras obligaciones; y hasta 7,5 millones o el 1 % por facilitar información inexacta a las autoridades (art. 23). Para las infracciones leves se prevén medidas no pecuniarias, como la orden de poner fin a la infracción o una declaración pública (art. 22).

El decreto crea el «Espacio italiano para la IA» (Spazio italiano per l'IA), un sandbox regulatorio gestionado conjuntamente por AgID y ACN, con prioridad para pymes y start-ups y sin admisión automática (art. 26). En el ámbito laboral, las decisiones finales sobre contratación, modificación o extinción de la relación laboral no pueden basarse exclusivamente en tratamientos automatizados: debe tomarlas una persona física con poder de decisión (art. 41). Además, los sistemas de IA que influyen en la organización del trabajo deben incluirse en la evaluación de riesgos laborales, con la obligación de informar y formar a los trabajadores (art. 42).

Se prevé formación específica para empleados públicos, colegios profesionales, profesionales sanitarios y docentes; según Lavorosì, para los docentes habrá un plan de formación que debe ponerse en marcha en 90 días, con una financiación de hasta 100 millones de euros (arts. 36-37).