La vía china a la responsabilidad de la IA: indemnizaciones a posteriori y tutela civil

El 7 de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo Popular de China presentó su «Dictamen sobre el enjuiciamiento conforme a la ley de los litigios en materia de inteligencia artificial». Las agencias chinas lo presentan como el primer documento con reglas de enjuiciamiento sobre IA emanado del máximo órgano judicial de Pekín: cinco partes, veinticuatro artículos. La iniciativa marca una clara divergencia metodológica respecto del enfoque europeo. La Unión Europea —con las obligaciones de transparencia del Reglamento de IA en vigor desde agosto de 2026 e Italia trabajando en los decretos de desarrollo de la ley 132/2025— apunta a una regulación previa de los sistemas y los proveedores. El documento chino, en cambio, se concentra en redefinir la responsabilidad civil, la indemnización del daño y los remedios procesales posteriores.

El texto aborda de forma pragmática varias zonas de sombra de la tecnología. El intercambio de rostro y la clonación de voz («AI换脸拟声») sin consentimiento, para crear figuras digitales reconocibles, se califican como lesión de los derechos de la personalidad. Los prestadores de servicios responden si no intervienen con prontitud tras una denuncia; los usuarios responden si manipulan intencionadamente los sistemas para generar contenidos dañinos. En el plano comercial, el texto establece que la empresa que usa algoritmos para aplicar a clientes distintos precios distintos por el mismo producto, sin una base razonable de la diferencia, responde del daño causado a los compradores afectados («大数据杀熟»), y permite a los consumidores engañados por imitaciones de personajes conocidos reclamar indemnizaciones punitivas. Se regula además la protección frente al doxxing («网络开盒») realizado agregando datos públicos mediante IA, junto a cuestiones de conducción autónoma y, en el terreno de la propiedad intelectual, la responsabilidad ligada al software de código abierto, la concesión y confirmación de patentes, la ejecución de los contratos tecnológicos y los criterios de uso de los datos, así como la obligación de las partes de verificar los escritos y las pruebas que presentan en juicio cuando se han producido con ayuda de IA.

En la rueda de prensa, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, Tao Kaiyuan, explicó que el objetivo del acto es equilibrar desarrollo y seguridad, y añadió que los puntos sin consenso se dejaron deliberadamente abiertos a la espera de reunir más experiencia aplicativa. El responsable de la oficina de estudios del propio Tribunal, Zhou Jiahai, subrayó que no se puede pretender que cada consumidor se convierta en un experto en reconocer engaños, lo que hace necesaria una intervención oportuna de la ley. En el plano metodológico conviene señalar, sin embargo, que el texto íntegro del dictamen no resulta consultable en los canales oficiales de court.gov.cn; nuestra reconstrucción se apoya en el cruce del despacho de la agencia Xinhua, de la agencia China News Service y de los medios Jiemian News y Sina Finance. Quedan además sin especificar la fecha de entrada en vigor y la naturaleza jurídica exacta respecto de una interpretación judicial formal y vinculante.

Bruselas y Pekín no regulan lo mismo: el Reglamento de IA impone obligaciones al proveedor antes de que el sistema llegue al mercado; el Dictamen da a los jueces los criterios para asignar responsabilidad e indemnización después de que el daño se haya producido. Son instrumentos distintos, y de este documento no se deduce cuál de los dos protege mejor.

— Olya