Italia aprueba los decretos de adaptación a la Ley de IA: reglas sobre policía, trabajo y gobernanza

El martes 4 de agosto de 2026, a las 18:04, el Consejo de Ministros italiano aprobó en examen definitivo dos decretos legislativos para adaptar el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2024/1689 (Ley de IA). La norma desarrolla la delegación contenida en la ley n.º 132 de 23 de septiembre de 2025 y cierra el proceso iniciado con el examen preliminar del pasado 10 de junio, tras recabar los dictámenes de las comisiones parlamentarias, de la Conferencia unificada y de la autoridad de protección de datos (Garante). Aunque el comunicado oficial (n.º 185) sitúa la sesión el 4 de agosto, algunas fuentes secundarias fechan la aprobación el día 5, jornada en que se difundió el comunicado; en el momento de la verificación, los textos aún no constaban publicados en el Boletín Oficial.

El primer decreto fija los límites al uso de la inteligencia artificial en la actividad policial y consagra el principio de responsabilidad humana: las decisiones con efectos jurídicos negativos no pueden basarse únicamente en la automatización. El texto admite la identificación biométrica en tiempo real «en casos excepcionales, por períodos limitados y previa autorización de la autoridad judicial», pero prohíbe crear bases de datos biométricas mediante la «recogida masiva y no selectiva de información en la web». Además, introduce el artículo 437-bis en el Código Penal, que castiga la omisión de medidas de seguridad en los sistemas de alto riesgo y su alteración ilícita.

El segundo decreto regula la gobernanza y el mundo del trabajo. AgID y ACN quedan designadas, respectivamente, como autoridad notificante y autoridad de vigilancia del mercado, mientras que la autoridad de protección de datos recibe competencias específicas sobre los sistemas empleados en la actividad policial, la gestión de fronteras y la justicia. En el ámbito laboral, las decisiones sobre contrataciones, cambios de funciones, despidos y medidas disciplinarias no pueden «adoptarse únicamente sobre la base de un tratamiento automatizado»; el despido acordado con infracción de esa prohibición es nulo. El decreto destina asimismo 100 millones de euros a la formación del profesorado y a la alfabetización digital del personal público, con formación continua también para jueces y personal sanitario.

La norma crea espacios controlados de pruebas (sandbox) con acceso preferente para pymes y start-ups, pero aplaza la aplicación de las sanciones a la entrada en vigor de las obligaciones europeas, en coherencia con el Reglamento (UE) 2026/1744. Entre los cambios respecto a los borradores preliminares figuran la participación de las Regiones y Provincias autónomas y precisiones sobre videovigilancia y tratamiento de datos biométricos y sobre los poderes del Garante en materia policial, de migración y asilo y de gestión de fronteras. El armazón normativo ya está definido, pero su operatividad real dependerá de la publicación de los textos íntegros y del calendario europeo de plazos.

— Olya