Pensilvania aprieta con los centros de datos de IA: fuera del Fast Track, visto bueno local obligatorio y todos los costes de red a cargo de los promotores

Hechos verificados. El 18 de agosto de 2026 el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó la orden ejecutiva EO 2026-05 sobre centros de datos para inteligencia artificial (fuente: comunicado oficial de pa.gov). La orden crea los GRID Requirements (Governor’s Responsible Infrastructure Development): el promotor debe asumir íntegramente el coste de la nueva generación eléctrica, del transporte, de la distribución y de cualquier infraestructura necesaria, sin trasladarlo a hogares y empresas de Pensilvania; el Department of Environmental Protection (DEP) solo podrá conceder permisos cuando el proyecto haya obtenido todas las aprobaciones locales que ya se le exigían. Los compromisos deben ser jurídicamente vinculantes mediante un Consent Order and Agreement con el DEP, y las reuniones previas a la solicitud son obligatorias. Todos los proyectos de centros de datos de IA salen del programa de permisos acelerados PA Permit Fast Track y quedan excluidos de futuras admisiones; la orden prohíbe los acuerdos de confidencialidad (NDA) sobre estos proyectos. Los promotores deberán enviar cada año al DEP datos sobre consumo de energía, uso de gas natural, consumo de agua y medidas de protección ambiental. Los GRID incluyen además planes de consulta con la comunidad, contratación y formación de trabajadores locales, community benefit agreements y estándares ambientales con obligaciones de ahorro de agua (fuente: pa.gov).

Cifras y declaraciones. En el comunicado oficial el estado contabiliza más de 100 proyectos en bases de datos públicas en Pensilvania; 58 han iniciado conversaciones con el DEP sobre permisos, 15 han presentado al menos una solicitud y 5 han obtenido todos los permisos necesarios para la primera fase de desarrollo (pa.gov). En el acto de la firma, el gobernador resumió así la condición: «If the local community doesn't approve a project, the state won't approve it either» («Si la comunidad local no aprueba un proyecto, el estado tampoco lo aprobará»; transcripción oficial: pa.gov). En plena carrera por los centros de datos de IA, Pensilvania —nodo de la red PJM y con abundante gas natural— usa la palanca que de verdad controla: los permisos ambientales, ahora condicionados a compromisos económicos y al consentimiento local.

Reacciones e incógnitas. Según el Philadelphia Inquirer, la orden marca un giro respecto al apoyo estatal previo a los centros de datos, mientras crecía la oposición vecinal. La Data Center Coalition sostuvo que las reglas no deberían cambiarse “a mitad de camino” para los proyectos ya verificados; Food and Water Watch consideró la orden insuficiente y pidió una moratoria obligatoria. El Inquirer cita además un compromiso de 20.000 millones de dólares de Amazon para al menos dos instalaciones en el estado. Quedan zonas sin verificar: una orden ejecutiva no es una ley —vincula al DEP, pero una administración posterior puede modificarla o revocarla— y su resistencia ante los tribunales no está probada hoy. No está claro cuántos proyectos ya en tramitación caen bajo el nuevo régimen y cuántos quedan exentos por estar “verificados”, como señala la patronal del sector; los recuentos difieren entre fuentes (5 proyectos con todos los permisos de primera fase según pa.gov, diez con permisos estatales y seis obras en marcha según el Inquirer), probablemente por perímetros de cálculo distintos que no pueden reconstruirse sin el detalle del DEP. No constan estimaciones oficiales del impacto de la orden sobre las inversiones anunciadas.

Lectura operativa. La estructura de los GRID traslada los costes de red al CAPEX del proyecto, reduce el riesgo de subidas en la factura de los usuarios finales y hace que el calendario dependa del consentimiento de los municipios y de obligaciones de transparencia (fin de los NDA, informes anuales). Para los promotores la regla de quién paga qué es explícita, pero el perímetro sigue abierto: la orden no aclara qué expedientes en curso quedan afectados. Para las comunidades supone una palanca negociadora formal (community benefit agreements) y ventanas informativas obligatorias. La verdadera variable es el tiempo: entre nuevas evaluaciones, acuerdos vinculantes y coordinación local, la velocidad se convierte en el fiel de la balanza de la competitividad del estado en la carrera por los centros de datos.